PrimeraHora: La remoción de una menor de dos años anoche en el barrio Parcelas El Polvorín de Cayey, mantiene consternada a la población que exige la devolución de la niña a su madre, Lisha Ramón Mejías, quien aún amamanta a la pequeña Nazareth.
Ante la situación, el Departamento de la Familia insiste en que no es seguro regresar la menor a su hogar, hasta que culmine una investigación, “para garantizar la protección seguridad y bienestar de la menor”.
Esto luego de recibir un referido que establecía el incumplimiento de una orden de protección por ambas partes – papá y mamá - luego de un supuesto incidente de violencia intrafamiliar, por lo que un juez del Tribunal de Caguas determinó, el pasado 19 de diciembre, suspender las relaciones materno filiales, concediendo la custodia al padre, Miguel Torres, “quien solicitó una orden de protección aprobada hasta el 23 de enero”.
Al reaccionar a las imputaciones de la agencia, Ramón Mejías aseguró que “la orden de protección ya no está, entonces, ¿por qué quitarme a mi hija?”.
“¿Por qué decir que se incumplió la orden cuando en el papel incluso, especifica, que yo tengo el derecho de permanecer en mi casa? Yo no tengo ningún tipo de incumplimiento con la orden, si yo estaba en mi casa tranquila”, acotó en expresiones a la prensa.
De hecho, Lisha aclaró que la menor no estuvo presente durante el alegado alterado y, además rechazó que se haya sacado un cuchillo, como alegan las autoridades.
“¿Investigación de qué, si no hay evidencia de maltrato? ¿Por qué en vez de perder el tiempo conmigo, no van donde realmente está el maltrato? ¿Por qué van a seguir con esto y dándole largas? Yo necesito a mi hija, Nazareth me necesita a mí”, cuestionó.
“No hay ningún tipo de ley… le pueden preguntar a cualquier policía en el cuartel, yo no tengo ningún tipo de problema legal para que me separen de mi hija. No entiendo por qué siguen con esto y no me dan información de mi hija. Ya son las 4:10 de la tarde y yo necesito a mi hija, que esté conmigo”, agregó la joven de 21 años.
Reiteró que, durante la intervención del Departamento, nadie le dijo que iban a remover a la pequeña, sino que la llevarían a una evaluación médica.
“No estaba orientada… firmé el papel que dice sobre la ley, sobre lo que ellos tienen que hacer, sobre el cuidado y la calidad de los niños, pero en ningún momento me dijeron que se iban a llevar a mi hija a un hogar. Me enteré porque me llamaron. Yo autoricé a que la llevaran al hospital porque, obviamente, querían que la chequearan para cerrar todo esto. Pero no me dijo que se la iban a llevar”, manifestó.
Al reaccionar a las imputaciones de la agencia, Ramón Mejías aseguró que “la orden de protección ya no está, entonces, ¿por qué quitarme a mi hija?”.
“¿Por qué decir que se incumplió la orden cuando en el papel incluso, especifica, que yo tengo el derecho de permanecer en mi casa? Yo no tengo ningún tipo de incumplimiento con la orden, si yo estaba en mi casa tranquila”, acotó en expresiones a la prensa.
De hecho, Lisha aclaró que la menor no estuvo presente durante el alegado alterado y, además rechazó que se haya sacado un cuchillo, como alegan las autoridades.
“¿Investigación de qué, si no hay evidencia de maltrato? ¿Por qué en vez de perder el tiempo conmigo, no van donde realmente está el maltrato? ¿Por qué van a seguir con esto y dándole largas? Yo necesito a mi hija, Nazareth me necesita a mí”, cuestionó.
“No hay ningún tipo de ley… le pueden preguntar a cualquier policía en el cuartel, yo no tengo ningún tipo de problema legal para que me separen de mi hija. No entiendo por qué siguen con esto y no me dan información de mi hija. Ya son las 4:10 de la tarde y yo necesito a mi hija, que esté conmigo”, agregó la joven de 21 años.
Reiteró que, durante la intervención del Departamento, nadie le dijo que iban a remover a la pequeña, sino que la llevarían a una evaluación médica.
“No estaba orientada… firmé el papel que dice sobre la ley, sobre lo que ellos tienen que hacer, sobre el cuidado y la calidad de los niños, pero en ningún momento me dijeron que se iban a llevar a mi hija a un hogar. Me enteré porque me llamaron. Yo autoricé a que la llevaran al hospital porque, obviamente, querían que la chequearan para cerrar todo esto. Pero no me dijo que se la iban a llevar”, manifestó.
“Aquí nuestro interés es la seguridad de la niña”, afirmó Rodríguez, antes de hablar del caso, aunque sin entrar en detalles por las consideraciones de privacidad que protegen a la menor.
A preguntas de la prensa, fue enfática en que el proceso de asumir la custodia de emergencia de la niña nada tiene que ver con el trabajo de la madre, su condición social, raza o alguna otra consideración de esa naturaleza.
“Eso es totalmente falso. Y queremos que el pueblo de Puerto Rico esté bien claro, el Departamento de la Familia no discrimina por condición económica, no discrimina por raza. Nosotros estamos bien firmes en proteger y garantizar el bienestar de nuestros menores”, insistió Rodríguez.
Recordó que el caso surge “de una situación de violencia doméstica, que ha sido ampliamente reseñada, donde inclusive mamá amenaza a papá con un cuchillo. Eso, públicamente está en todos los medios”.
Rodríguez agregó que el referido a Familia llega porque ambos padres violaron una orden de protección, “que es un tribunal quien la establece. Y es el tribunal el que también establece que se cancelan las relaciones materno filiales, hasta que el caso se vea posteriormente”.
“Ambos padres violaron esa orden de protección. Nos llega el referido donde se establece el caso, que ni papá ni mamá cumplieron. Y no es un caso que podamos decir que se puede tomar a la ligera”, destacó.
Por su parte, la administradora de ADFAN (Administración de Familias y Niños), Glenda Gerena, detalló que “el Departamento de la Familia, en efecto, ostenta la custodia de emergencia de la menor. Es un remedio que nos otorga la Ley 246, donde tenemos un proceso de 72 horas para culminar la investigación”.
Comentarios
Publicar un comentario
Comenta sobre esto aquí.