Vocero: Pese a que no existe un marco legal que permita que los patronos privados obliguen a sus empleados a vacunarse contra el coronavirus (Covid-19) —ya que estos tienen derechos constitucionales que protegen su intimidad y privacidad— la necesidad de mantener a los empleados libres de riesgo podría prevalecer.
Esta semana la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) pudiera estar aprobando el despacho de la primera vacuna contra el coronavirus para Estados Unidos y Puerto Rico. Según el Departamento de Salud (DS), se estima que los primeros cargamentos en la Isla —205,725 vacunas de Pfizer y 147,400 de Moderna— lleguen entre el 10 y el 15 de diciembre.
En entrevista con EL VOCERO, Juan Felipe Santos, socio administrador de la firma legal Jackson Lewis Puerto Rico y portavoz de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM), señaló que la razonabilidad del mandato sobre las vacunas dependerá del tipo de industria a la que se dedique la empresa.
“Los patronos pudieran obligar a sus empleados a vacunarse contra el Covid-19 porque tienen un deber de evitar un riesgo a la salud de sus empleados y mantener un lugar seguro de trabajo bajo la Ley de Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA). Dependiendo la industria, será más fácil poder defender el requisito. Diría más bien los lugares dedicados a servicios de salud”, expresó Santos.
No obstante, el abogado dejó claro que hay unas excepciones dispuestas en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), que los patronos están obligados a respetar. “Si los empleados tienen motivos médicos o creencias religiosas que les prohíban vacunarse, legalmente los empleadores tienen que darle algún tipo de acomodo razonable para que sigan trabajando”, acotó.
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