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Efectúan más arrestos por fraude al PUA

Aunque las autoridades continúan con el arresto de personas por presunto fraude contra el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por siglas en inglés), los cargos se mantienen sin presentar.

Además, hasta la tarde del lunes habían transcurrido cinco días sin que se haya entregado el ‘subpoena’ emitido al Colegio San Ignacio de Loyola, para conocer los nombres de sus estudiantes y cotejarlos con las listas de cheques de PUA emitidos por el Departamento del Trabajo y que habrían llegado incluso a menores de edad.


En el caso más reciente, ayer en la tarde un individuo identificado por la Policía como Eric Rodríguez Clemente fue arrestado cuando intentó cambiar un cheque por $10,722 emitido por el PUA. Según la Policía, habría usado una licencia de conducir falsificada.

Con ese arresto suman 34 las personas intervenidas desde el 14 de julio, sin que hasta la fecha se haya radicado caso alguno. Tras los arrestos la Fiscalía ha dejado pendiente la radicación de los casos.


El cheque fue obtenido mediante información falsa a nombre de otra persona, y se detectó el fraude cuando presentó una licencia falsificada en la sucursal del Banco Popular en San Patricio.

Entre el 14 de julio y el 3 de agosto los agentes de la División de Robos a Bancos han recuperado $183,280 al frustrar la transacción de cambio.


Investigadores estatales y federales procuran arrestar a los integrantes de una organización que se dedica al robo de identidad, usan la información para solicitar el PUA y utilizan individuos a los que les ofrecen una comisión por cambiar los cheques mediante licencias falsas.

En otro de los ángulos de los distintos fraudes bajo pesquisa, hasta la tarde del lunes tampoco se había entregado el ‘subpoena’ emitido al Colegio San Ignacio de Loyola, para conocer los nombres de sus estudiantes. Lo que se busca es ver cuantos nombres coinciden en las listas de cheques emitidos por el Departamento del Trabajo.


El dinero del PUA proviene de fondos federales, pero el peso de las investigaciones del presunto fraude cometido supuestamente por unos 30 estudiantes que pidieron los beneficios, está en manos de la Fiscalía de San Juan.

La Fiscalía obtuvo información preliminar de presuntos implicados que señalan a estudiantes entre los 14 a 18 años de edad.

La pesquisa no avanza desde el miércoles pasado cuando al mediodía cesaron labores previo al paso de la tormenta Isaías.

Mientras transcurren los días, siguen surgiendo nuevas querellas de empleados públicos, entre ellos policías que recibieron los beneficios al informar que estaban desempleados porque perdieron trabajos que tenían a tiempo parcial en empresas privadas.

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